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Conadep
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Hace exactamente 20 años, el escritor Ernesto Sabato, en representación de la Conadep, le entregaba al entonces presidente Raúl Alfonsín el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas.
Apenas nueve meses antes se había reestrenado en la Argentina la democracia y uno de los primeros actos de Alfonsín fue crear, mediante el decreto 187 de 1983, esa organización, para la cual nombró a diez integrantes:
Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Columbres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime F. De Nevares y Eduardo Rabossi.
Como secretaria actuó Graciela Fernández Meijide.
Hoy, a las 19, la Juventud Radical realizará por ello un homenaje a Alfonsín.
Durante ese lapso inaugural, la Conadep abrió 7380 legajos con denuncias de desaparición de personas y de torturas cometidas por los ex integrantes del último gobierno de facto; contabilizó que habían desaparecido 8960 personas; relevó la existencia de 340 centros clandestinos de detención y puso al descubierto, en papeles, los atroces métodos de la represión de Estado.
Todo eso fue volcado en un informe de cincuenta mil páginas que, hace hoy veinte años, se le entregó a Alfonsín y que llegó al público bajo la forma de un libro: "Nunca más".
A partir de allí, se escribió una historia que todavía continúa: El fiscal Julio César Strassera tomó los documentos y testimonios que había recogido la Conadep para elegir 700 casos y elaborar la acusación contra los comandantes del gobierno militar.
Un año y medio después, la Cámara Federal condenó a los ex altos mandos militares y ordenó investigar a los mandos inferiores.
Se abrieron así las causas Esma y Primer Cuerpo.
Luego vinieron los hechos de Semana Santa y las leyes de punto final y de obediencia debida, que impidieron que esa responsabilidad se investigara.
En 1986, la Corte las convalidó y, como sólo los mandos superiores habían sido condenados, el ex presidente Carlos Menem, ya en los albores de los noventa, dictó los recordados indultos para jefes militares y para montoneros.
En 1994, se reformó la Constitución y se introdujo un artículo que luego sería usado por la Justicia para reabrir todos los procesos, una saga elogiada por los organismos de derechos humanos y criticada por los que dicen que el país sigue atado al pasado.
Al año siguiente, el pleno de la Cámara Federal hizo un primer esbozo: abrió los juicios de la verdad, investigaciones administrativas para averiguar el destino de los desaparecidos.
La traza salta hasta 2001, cuando el juez federal Gabriel Cavallo -ahora camarista- da un puntapié inicial de una jugada que está en pleno movimiento: dictó la nulidad de la leyes de punto final y de obediencia debida.
En poco tiempo, el Congreso nacional dictó una ley que anuló aquellas normas del perdón y es probable que la Corte, antes de fin de año, convalide aquella ley de nulidad, reafirmando entonces la validez de todos los juicios abiertos durante los últimos años por la sustracción de menores.
Por Adrián Ventura - De la redacción del diario La Nación.