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El corralito
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En Argentina se denominó Corralito a una restricción a la extracción de dinero en efectivo de cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa en el mes de diciembre de 2001.
El objetivo que se perseguía con estas restricciones era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una corrida bancaria y el colapso del sistema.
La justificación secundaria que intentó esbozar Domingo Cavallo fue lograr un mayor uso de los medios de pago electrónico, evitando así la evasión impositiva y provocando la bancarización de la población, siendo éste un beneficio para los bancos.
Esta medida económica
resultó ser sumamente impopular para los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la clase media, y fue detonante del estallido social del 20 y 21 de diciembre de 2001 que terminó con la renuncia del presidente De la Rúa.
La recesión más prolongada de la historia Argentina se inició a mediados de 1998.
Desde entonces, el PBI acumula un retroceso de 4,9% y el producto per capita cayó el 12%.
A principios de 2001 comenzó el desmoronamiento.
Domingo Cavallo, el antiguo ministro de Menem y “padre de la Convertibilidad” fue llamado en marzo al Ministerio de Economía para actuar como árbitro entre los distintas alas de la clase dominante, divididas sobre las salidas al impasse de la Convertibilidad.
Pero la profundidad de la crisis y la tenaz resistencia obrera y popular fueron desbaratando uno tras otro los 7 u 8 paquetes de medidas que anunció en menos de un año.
Todos los indicadores cayeron bruscamente en el segundo semestre, con previsiones de una caída del PBI de 3,5% para el año, la inminente cesación de pagos y una creciente fuga de capitales.
Los datos de noviembre, previos al estallido de la crisis eran ya devastadores, con caídas del 11,6% en la industria; 20,9% en la construcción, 9% en las ventas de supermercados (datos anualizados)
En diciembre la caída en la industria habría sido de 18% y la desocupación alcanzaría el 23%.
El gobierno de De la Rúa-Cavallo realizó una jugada desesperada para detener la amenaza de un crack bancario con las medidas del 3 de diciembre, imponiendo el famoso “corralito” de los depósitos (retención forzada) y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones.
Esto ahogó todo movimiento económico, al restringir bruscamente la liquidez monetaria, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la “economía informal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de millones de desposeídos.
No sólo la producción, el comercio y la inversión, sino también los préstamos bancarios y las tarjetas de crédito, las importaciones y aun muchas exportaciones se han suspendido o postergado, mientras que se multiplican los despidos, las quiebras empresariales y la ruina de las capas medias.
Esta situación no ha tocado aún fondo, el país atraviesa el paroxismo de la crisis económica y financiera, en medio de convulsiones sociales y políticas.
El Estado se hundió para sostener la paridad cambiaria y las exigencias crecientes del servicio de la deuda.
La Convertibilidad representa la prohibición de emitir moneda sin respaldo y la “congelación” de fuertes reservas en divisas como garantía.
Al depender en gran medida de impuestos indirectos al consumo, como el IVA, ya que las privatizaciones le quitaron tradicionales fuentes de recursos como las empresas públicas (YPF), los fondos jubilatorios, etc., la recesión restringió sistemáticamente la afluencia de ingresos genuinos y provocó una desfinanciación insostenible.
Cavallo intentó equilibrar las cuentas con la política de “Déficit 0”, introduciendo brutales recortes en el gasto estatal, retrasando sistemáticamente desembolsos en educación, salud, etc. y recortando los salarios estatales en un 13%, sin alcanzar sin embargo nunca esa meta.
Por su parte, las provincias trataron de escapar a la asfixia emitiendo diversos bonos: “Patacón” en Buenos Aires”, “Quebracho” en Chaco, etc., “cuasi-monedas” sin respaldo efectivo, que no hacían más que desnudar la situación de crisis fiscal extrema y la imposibilidad de sostener el peso.
Pero la insolvencia del estado es un resultado de la expoliación imperialista y la usura de la banca local.
La imposibilidad de sostener el servicio de la misma se convirtió en el talón de Aquiles de la economía nacional, hundiendo todos los intentos de estabilización.
La deuda externa pública aumenta hasta alcanzar los 132.000 millones de dólares (155 mil millones sumando la deuda privada), tanto los grandes grupos locales como las filiaciones de las transnacionales.
El servicio de la deuda pública ascendía en el 2001 a unos 15 mil millones y para el 2002 se preveían pagos por 17 mil millones, cantidades impagables para las exhaustas arcas estatales, mientras que el acceso a nuevos créditos del exterior estaba ya prácticamente cerrado a fines del 2000.
Cavallo buscó un respiro con el “Megacanje”, medida que tampoco logró sus objetivos y luego, a mediados del siguiente año con el “canje de la deuda interna”, renegociando unos 29.477 millones en bonos.
Pero este fue sólo un gran negocio para los tenedores locales de títulos de deuda (los bancos instalados en el país y nacionales, y las AFJP ligadas a éstos), garantizándoles el valor del capital y un interés del 7% a cambio de un reescalonamiento de los compromisos.
Al mismo tiempo, provocó la oposición de los acreedores del exterior -fundamentalmente norteamericanos-, e irritó al FMI y a la administración de Bush.
El FMI retrasó entonces el desembolso de un tramo de crédito por 1.260 millones ya pactado para diciembre, ratificando que no habría nuevos “salvatajes” a menos que se hiciera un ajuste en profundidad.
El cese de pagos, largamente anunciada, se precipitó.
Tras la caída de De la Rúa-Cavallo, Rodríguez Saá no hizo más que reconocer una situación de hecho, y transmitírsela a Duhalde.
No hay posibilidad de reconstitución del crédito externo en el corto plazo, y el gobierno debe encarar una ardua negociación con el FMI y los acreedores internacionales para desparalizar la situación.