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Desaparecidos
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La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad reconocido en el artículo 7 del Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 para la constitución del Tribunal Penal Internacional y la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 47/133 del 18 de diciembre de 1992 (“Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”)
La víctima del crimen de desaparición forzada, llamada en general “desaparecido/a”, es la que sufre la aprehensión, la detención o el secuestro por parte de un estado o una organización política (o con su autorización, apoyo o aquiescencia), seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
El avance tecnológico de las guerras, que a lo largo del siglo XIX aumentó progresivamente la mortandad entre los combatientes y los daños a poblaciones civiles durante los conflictos, provocó el desarrollo paralelo de la conciencia
humanitaria en las sociedades occidentales y la fundación de las primeras organizaciones humanitarias como la Cruz Roja.
Al amparo de esta conciencia, se acordaron internacionalmente las primeras tipificaciones de abusos y delitos en las leyes de guerra conocidas como Convenios de Ginebra.
Posteriormente, la amplitud de los crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial especialmente por los regímenes autoritarios, llevó a la formación de los primeros tribunales internacional.
Los procesos de Nuremberg pusieron en conocimiento de la opinión pública la amplitud del decreto Nacht und Nebel, por el que el régimen nazi promovió la eliminación y ejecución secreta de prisioneros, uno de los precedentes históricos a la tipificación del crímen de desaparición forzada.
Durante los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el gobierno formado por la junta militar impulsó la persecución, el secuestro y el asesinato de manera secreta de personas por motivos políticos.
Un ejemplo de represión violenta es el caso del escritor y periodista Rodolfo Walsh, quien fue asesinado en plena calle un día después de haber puesto en un buzón de correo su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, en la que denunciaba los abusos cometidos por los militares en su primer año de gobierno.
Por lo general, militares vestidos de civil o paramilitares detenían a los perseguidos en la calle, en sus casas o en el lugar donde estuvieran en ese momento.
Una vez hecho eso, se los trasladaba a un centro clandestino de detención (se estima que funcionaron 340 en todo el país) donde eran golpeados y torturados en algunos casos hasta su muerte.
Después, en avión, atados con alambres en pies y manos, y bajo el efecto de drogas, se los arrojaba al Río de la Plata o al Mar.
También se los arrojaba a fosas comunes, eran dejados en la vía pública (inidentificables) o sepultados como N.N.
Si bien las detenciones las llevaban a cabo el ejército y la policía, no daban ningún dato sobre su paradero a los familiares.
De hecho fue el general Jorge Rafael Videla, presidente de facto (eufemismo por «dictador») del 76 al 81, quien acuñó este término durante una entrevista: "Es una incógnita, no están ni vivos ni muertos...: están desaparecidos".
Según la investigación llevada a cabo por la CONADEP, el número de desaparecidos ronda las 9.000 personas [1], aunque grupos defensores de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo toman como referencia el número de 30.000 personas.
El "Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas", 1984, pone de manifiesto que la mayoría de las victimas eran jóvenes menores de 35 años, de profesión obrero o estudiante, y que fueron detenidos preferentemente en su domicilio durante la noche.