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Emilio Eduardo Massera
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Emilio Eduardo Massera ( Paraná, 19 de octubre de 1925) es un militar argentino.
Entre 1976 y 1981 formó parte, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, de la junta militar que depuso a la presidente María Estela Martínez de Perón y gobernó de facto la Argentina en la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional.
Massera ingresó a la Escuela Militar de la Armada en 1942; tras su egreso en 1946 sería alumno de la Escuela
de las Américas y del Interamerican Defence College de Washington, donde se lo formaría en guerra antisubversiva.
De regreso a la Argentina, escaló rangos en la jerarquía de la Armada hasta ser nombrado capitán de la fragata ARA Libertad.
El 23 de agosto de 1974 obtuvo el grado de almirante, tras el retiro forzoso de buena parte de la oficialidad de la Armada Argentina, tras lo cual fue nombrado comandante en jefe de la misma.
El 24 de marzo de 1976, Massera lideró junto con Videla y Agosti el movimiento golpista que derrocó a la viuda de Perón, al frente del gobierno nacional desde el fallecimiento de éste.
Fue uno de los principales promotores del plan de guerra sucia con el que la dictadura continuó la persecución de los movimientos revolucionarios —peronistas o marxista— y de toda forma de disidencia política.
Massera se separó del gobierno el 16 de septiembre de 1978, cuando el triunvirato original fue reemplazado por el encabezado por Roberto Viola.
Tras el fin de la dictadura, fue investigado por el organismo específicamente encargado de la instrucción sobre la guerra sucia y el terror de Estado, la CONADEP; el 22 de abril de 1985 fue juzgado por violaciones a los derechos humanos, asesinato, tortura y privación ilegal de la libertad, y condenado a prisión perpetua y pérdida del grado militar.
Sin embargo, el 29 de diciembre de 1990 fue indultado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, y recuperó la libertad hasta 1998, cuando fue nuevamente puesto en prisión preventiva por causas relativas al secuestro y denegación de identidad a menores durante su gobierno, y por el dictado de órdenes de tortura, fusilamiento, confinamiento en centros clandestinos y ahogamiento en el mar de prisioneros vivos.
La orden dictada por la juez María Servini de Cubría se basaba en que la apropiación de menores y los restantes cargos imputados están considerados delitos contra la humanidad, por lo que no son pasibles de prescripción; la apropiación ilegítima de bienes de los desaparecidos, por la que no había sido juzgado en 1985, se incluyó en el sumario.
El caso de Massera dio pie a numerosas acciones legales, que llevaron en 2001 al juez federal Gabriel Cavallo a declarar anticonstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían paralizado los juicios contra militares de rango inferior al de coronel durante los 15 años anteriores.
En 2004, tras el estallido de un aneurisma cerebrovascular, fue ingresado al Hospital Militar de Buenos Aires.
Las secuelas del mismo llevaron a que el 17 de marzo de 2005 fuese declarado incapaz por demencia, y se suspendieran las causas en su contra, no sin antes ser condenado en algunas de las causas.
Las órdenes de extradición levantadas por los gobiernos español, francés y alemán en su contra se encuentran suspendidas por la misma razón.
El nombre de Massera figuraba en la lista de 963 integrantes que la policía italiana encontró en 1981 al investigar las acciones de la logia masónica Propaganda 2, de la que también habían sido miembros Juan Domingo Perón, José López Rega y numerosos industriales y políticos italianos, entre ellos Silvio Berlusconi.
La logia, desde entonces declarada ilegal por el gobierno italiano y presuntamente disuelta, estaba bajo la dirección de Licio Gelli, un antiguo operador de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial luego encargado por la CIA de mantener una red clandestina de operaciones anticomunistas; Gelli habría conocido a Massera a través de Carlos Alberto Corti, capitán de la Armada y confidente de este último, y empleado el contacto para garantizar la contratación de los multimillonarios gastos en equipamiento militar 6.000 millones de dólares en dos años y el control de parte de la prensa a través de la compra por parte de la editorial italiana Rizzoli de la argentina Editorial Abril.
A cambio, habría facilitado las relaciones de Massera con el Vaticano y Estados Unidos, y proporcionado los medios para canalizar hacia el exterior el dinero obtenido de cohechos y malversaciones del tesoro público.