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Obediencia Debida
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La Ley de Obediencia Debida fue una disposición legal dictada en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción de iure (o sea, que no admite prueba en contrario) que los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas, durante la guerra sucia y el
Proceso de reorganización nacional, no eran punibles por haber actuado en virtud de obediencia debida.
Esta norma se dictó para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense.
De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayoría de los implicados en el terror de Estado.
Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex-capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el general (R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existían numerosas pruebas de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Junto con la complementaria Ley de Punto Final, la Ley de Obediencia Debida fue derogada en agosto del 2003; aunque la derogación no tuvo efectos retroactivos, dejando así en pie la impunidad de los participantes en la represión, fue considerada un acto simbólico de desagravio contra los muertos en la dictadura.
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En junio de 2004, un fallo de la juez cordobesa Cristina Garzón de Lascano declaró ambas normas insanablemente nulas, dando así lugar al encausamiento de los acusados de delitos aún no prescritos, lo que comprende todos los crímenes de lesa humanidad.
El ex-general Luciano Benjamín Menéndez, que se supone el principal responsable de la represión en la provincia, se encuentra detenido por los cargos de secuestro, tortura, homicidio y desaparición de varias personas.
En base a ello, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados examina la posibilidad de declarar también nulos los indultos por los que el ex-presidente Carlos Saúl Menem dejó en libertad a varios de los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el Proceso.